En un intento desesperado por evitar que Arequipa siga los pasos de Lima en cuanto a la violencia descontrolada, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Arequipa y los gremios de transporte urbano se reunieron para anunciar medidas que, en su mayoría, parecen más simbólicas que efectivas. Prometieron operativos contra el transporte informal, instalar botones de pánico y asignar personal de seguridad, todo mientras ignoran el verdadero problema: la falta de un plan coherente para frenar a la delincuencia organizada.
Entre las medidas destacadas, se mencionó la instalación de cámaras de seguridad en los vehículos de transporte público, una acción que probablemente hará poco más que grabar en alta definición los delitos ya consumados. Es irónico cómo, mientras en Lima estas iniciativas han sido insuficientes para detener el derramamiento de sangre y la extorsión, en Arequipa pretenden hacer creer que bastarán unos cuantos botones y cámaras para contener el avance del crimen.
Por si fuera poco, el coronel PNP Edward Vásquez, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), admitió que no ha recibido ninguna denuncia formal de los transportistas sobre extorsiones. Esto, más que un signo de tranquilidad, evidencia un panorama donde el miedo y la desconfianza en las autoridades prevalecen. La recomendación de Vásquez para que los transportistas denuncien de manera «confidencial» resulta casi sarcástica, cuando los afectados saben que poco o nada se ha logrado hasta ahora.
La Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa (Cetara Aqp) sí reconoció que algunos taxistas han sido víctimas de amenazas y cobros ilegales, especialmente en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres. Sin embargo, a pesar de las denuncias presentadas, las investigaciones están paralizadas, una situación que no sorprende a nadie, dado el historial de ineficacia que se ha visto hasta ahora.
La Divincri presume de contar con tres áreas dedicadas a investigar casos de extorsión: antisecuestros, crimen organizado y un grupo especializado en investigaciones operativas. Sin embargo, la realidad es que sus acciones han sido poco visibles y los resultados, nulos. Mientras tanto, la advertencia del secretario técnico del Coresec, José Miguel Briones, sobre el riesgo de que la delincuencia migre a Arequipa, suena más a una rendición anticipada que a una estrategia de contención. La incompetencia parece abrirle las puertas a la violencia, y las medidas anunciadas, a todas luces insuficientes, son un pobre consuelo para una población que sabe que el peligro ya está en camino.
