La Municipalidad Provincial ha anunciado con bombos y platillos la incorporación de 88 ollas comunes al Programa de Complementación Alimentaria (PCA), un movimiento que parece más un intento simbólico que una solución real a la creciente inseguridad alimentaria. Este programa, que pretende beneficiar a más de 6,300 familias de varios distritos de Arequipa, es poco más que un parche temporal que no aborda el problema de fondo.
La ceremonia en el Teatro Ateneo, donde el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez se ufana del esfuerzo conjunto con organizaciones sociales, refleja la falta de estrategias efectivas. La formalización de estas ollas comunes, en lugar de ser un triunfo, señala una dependencia preocupante de iniciativas comunitarias ante la ineptitud gubernamental para garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.
A pesar de la vigilancia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el proceso de selección fue cuestionable y sugiere que se priorizaron aspectos burocráticos sobre la verdadera necesidad de las comunidades. Con un presupuesto de solo 3 millones de soles para abastecer alimentación básica y subsidios, el plan se queda corto para cubrir las necesidades reales, ya que no garantiza una dieta equilibrada ni la autonomía que se prometía.
Las actividades integrales ofrecidas, como programas de emprendimiento y festivales culturales, parecen ser una distracción innecesaria en lugar de una solución a la crisis alimentaria. Este enfoque desviado podría debilitar aún más la identidad comunitaria, al no resolver el problema principal que enfrentan las familias en situación de vulnerabilidad.
En definitiva, este intento de gestión de ayuda alimentaria no solo es poco realista, sino que también expone una falta de compromiso genuino por parte de las autoridades para abordar la dura realidad que atravieszan muchas familias en Arequipa. Es un claro recordatorio de que la verdadera justicia y solidaridad son aún metas lejanas en esta ciudad.
