4 abril, 2025
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La Municipalidad de Arequipa enfrenta una crisis tras agresión violenta a trabajadores, lo que pone en jaque la continuidad de las obras.

La Municipalidad Provincial de Arequipa se encuentra en una situación alarmante tras la violenta agresión que sufrieron trabajadores de mantenimiento en la segunda torrentera de San Lázaro, perpetrada por miembros del gremio de Construcción Civil. Este ataque ha dejado un saldo de seis heridos, lo que genera serias preocupaciones sobre la seguridad en las obras municipales.

El gerente municipal, Pablo Salinas Valencia, no ocultó su preocupación al informar que uno de los trabajadores, Grimaldo Rivera Añari, de 38 años, ha sufrido fracturas severas en el brazo y golpes en la cabeza. Ha sido sometido a una operación de emergencia, y otros cinco trabajadores también han resultado heridos, lo que pone de manifiesto la crítica situación en la que se encuentran los que trabajan en proyectos municipales.

Salinas Valencia comentó que no se habían recibido advertencias previas de conflictos laborales, lo que lo deja desconcertado sobre la razón detrás de esta explosión de violencia. “Es inaceptable que nuestros trabajadores se enfrenten a tales agresiones sin previo aviso”, lamentó.

Ante esta situación insostenible, el funcionario anunció una reevaluación de las modalidades de ejecución de las obras, indicando que “no podemos operar en un entorno donde la violencia se convierte en la norma”. Se hace evidente la necesidad de establecer un marco regulador para hacer frente a estos episodios de barbarie.

Además, la empresa contratista no ha quedado de brazos cruzados y ha comenzado a presentar denuncias penales contra los responsables de los ataques. Estos individuos podrían enfrentar gravísimos cargos por violencia y disturbios. Aún es más irónico que, poco tiempo antes, el mismo gremio organizara una marcha contra la extorsión mientras que ahora algunos de sus integrantes son los perpetradores de estos actos brutales.

Finalmente, Salinas Valencia hizo un llamamiento a las autoridades relevantes, incluyendo la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, instando a tomar medidas urgentes para prevenir futuras erupciones de violencia en las obras municipales. A pesar de la situación crítica, se ha procurado que los trabajos continúen, aunque ha sido necesaria la presencia policial para proteger a los trabajadores y evitar que se repitan incidentes tan lamentables.